Adquisiciones
¿Qué es el Ministerio Público y Fiscal?
Es un cuerpo administrativo que funciona como una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), cuya función esencial es defender los intereses de la sociedad en juicio. Tiene la responsabilidad principal en todo lo relacionado con los procesos penales -sea de adultos o de adolescentes- y en los procesos aduaneros, donde le corresponde representar a la sociedad organizada en un juicio. En definitiva, si entiende que una persona cometió un delito y tiene elementos de prueba de que lo cometió, la acusa ante el Poder Judicial.
¿Cuál es la función del fiscal en los procesos civiles?
Si bien excepcionalmente puede tener la función de ser parte actora, básicamente entiende en casos de intereses difusos. Por ejemplo, en cuestiones medioambientales el fiscal también puede demandar, sea al Estado o a empresas particulares, cuando entienda que con su actividad se está dañando un interés que no tiene alguien que lo represente específicamente.
Como marca la ley, es asesor del Poder Ejecutivo; este puede consultar al Fiscal de Corte sobre determinados temas jurídicos. Por otro lado, asesora en asuntos administrativos a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tal como lo establece la ley orgánica de la Fiscalía. Además, es un asesor de los jueces en cada uno de los juicios en donde se entiende que hay un asunto en el cual puede estar involucrada la causa pública. En el resto del mundo prácticamente no existe esta figura, pero en Uruguay es un resabio.
¿Cree que esa función debe eliminarse?
Sí, porque no creo que la SCJ necesite que el Fiscal de Corte la asesore en trámites administrativos como el sumario de un juez, un actuario o un funcionario. Por su parte, el Poder Ejecutivo cuenta con abogados y todos los ministerios tienen su jurídica, así que no tiene sentido que estemos asesorándolo. En el caso de los jueces, estos también son abogados por lo tanto tampoco necesitan un secretario letrado de lujo que los asesore. Si eventualmente ese juez se equivoca, para eso están los recursos. El área del dictaminante técnico prácticamente la eliminamos en el proyecto de ley orgánica de la Fiscalía, en el área civil hay que dar una discusión más de fondo.
¿Por qué?
Históricamente se entendía que el estado civil de las personas era una cuestión de orden público. Para disolver un matrimonio, como hacia referencia al estado civil de la persona, había que hacer un juicio en el cual tenía que intervenir el fiscal. Hoy en día la sociedad ha cambiado tanto que tenemos el matrimonio de dos personas del mismo sexo y una unión concubinaria, que ya está regulada de antemano, donde las relaciones jurídicas entre los concubinos son prácticamente con los mismos derechos que con el matrimonio. Es decir, desde mi concepción, el matrimonio pasa a ser una institución que deja de ser de orden público. La sociedad gasta un volumen importante de recursos en esta actividad que sería bueno discutir si los vamos a seguir gastando o lo redistribuimos a otros sectores donde sí cumplimos un papel representando a la sociedad como, por ejemplo, en los juicios penales. Hay que discutirlo seriamente, en profundidad y sin prejuicios.
¿Esa discusión se ha planteado formalmente?
Se la hemos planteado al Colegio de Abogados del Uruguay y eventualmente habrá que planteársela a los distintos operadores. En el proyecto de ley orgánica proponemos algunos cambios que van a tener incidencia en estos temas pero no hablamos del cambio de fondo porque para eso hay que modificar la legislación procesal, el código general del proceso, y algunas normas del propio código civil.
¿Qué ventajas traerá la creación de la Fiscalía Nacional como un servicio descentralizado?
Salir de la órbita del Poder Ejecutivo es una vieja aspiración de la asociación de fiscales. Cuando fui a la Comisión de Asuntos Administrativos del Parlamento, antes de asumir, se me preguntó sobre el tema y dije que estaba de acuerdo en dotar a la Fiscalía del mayor grado de autonomía posible del sistema político. No porque considere que tenga alguna especie de enfermedad que nos pueda contagiar sino porque cuanto más alejados estemos, menos susceptibilidades se van a generar cada vez que un fiscal tenga que investigar a un ministro, a un legislador o a un dirigente político. Entonces, a pedido del ministro de Educación y Cultura, elaboramos un proyecto por el cual se crea la Fiscalía como un organismo descentralizado, con una nueva ley orgánica del Ministerio Público puesto que la actual es del año 1982 y se aprobó en plena dictadura militar, por lo tanto, consideramos que está perimida y fuera de contexto.
Por ejemplo, la reestructura de las competencias de las fiscalías a nivel nacional y la inclusión de los cargos de fiscales adscriptos, que no existían y fueron creados en la Rendición de Cuentas del año pasado.
En materia de recursos humanos ¿qué avances se han registrado?
Cuando asumimos le presentamos al Ejecutivo un proyecto de fortalecimiento que apunta a mejorar la eficiencia y eficacia del Estado en la persecución de los delitos y en el funcionamiento del sistema de administración de justicia en el país. Con esos dos objetivos propusimos una serie de modificaciones en materia de recursos humanos y materiales. Con respecto a los primeros, planeamos modificar el sistema de ingreso y ascenso, así como las responsabilidades que tiene el elenco de fiscales, procurando un cambio de paradigma. Queremos fiscales que estén en las audiencias, que le vean la cara a la víctima y cuando vayan a pedir el archivo tengan registrado su rostro. Es la aplicación de principios procesales como la inmediación y la oralidad de forma tal que ese fiscal tenga voz, rostro y nombre, no solo firma.
¿Esto implicó cambios en los escalafones?
Para poder llevar adelante estas obligaciones propusimos un sistema de crecimiento, no de engorde, que implica fortalecer la base de la pirámide del escalafón de los fiscales. Tenemos uno nacional, otro departamental, un fiscal adjunto y creamos el cargo de fiscal adscripto que no existía. Estaba el puesto de secretario letrado que pertenecía al escalafón técnico pero no estaba reconocido como fiscal cuando en realidad cumplía funciones como tal. Por otro lado, le propusimos al Parlamento la creación de 48 cargos de fiscales adscriptos en todo el país. También propusimos una ley, que fue votada por la unanimidad de los legisladores, para sacar al escalafón de magistrados del sistema de la ventanilla única y que sea la Fiscalía la responsable de hacer el llamado, en el entendido que hay un grado de particularidad y especificidad que así lo justifica. Luego hicimos un concurso abierto de oposición y méritos sin ningún tipo de restricción en la inscripción, excepto la de ser abogados, al que se presentaron 726 profesionales de todo el país. Fueron seleccionados 91 de los cuales 82 van a ingresar en agosto. En su mayoría son para reforzar las fiscalías del interior del país, en donde estaba la carencia más grande. Esto, sumado a los cargos que ya existían y a los que se transformaron, nos va a dar una base de la pirámide de 150 fiscales a lo largo y ancho de todo el país.
¿A nivel edilicio cuáles han sido los logros?
Establecimos un plan de trabajo para las fiscalías. Las fuimos mudando, a medida que se iban venciendo los contratos, si considerábamos que el lugar en donde estaban no era el adecuado. Es el caso de Rivera, Tacuarembó y Las Piedras. Próximamente se hará lo mismo en Pando y Atlántida.
¿Qué ocurre en Montevideo?
Decidimos mudar todas las fiscalías penales a un solo edificio cerca de los juzgados penales para cumplir con la obligación de ir a las audiencias sin hacer grandes traslados. Hemos conseguido rubros del fondo de bienes decomisables de la Junta Nacional de Drogas para hacer el cableado de datos del edificio para que cuando concretemos el nuevo sistema informático de gestión de fiscalía podamos trabajar en red. En ese sentido el MEC ha cooperado espectacularmente. Si bien ya está funcionando en forma provisoria pensamos inaugurarlo con todas las prestaciones a mediados de agosto.
¿En qué va a consistir el sistema de gestión informática?
En ese sentido, las fiscalías están aún en el siglo diecinueve. Usted le pregunta hoy a un fiscal cuántos expedientes tramita y no tiene idea, no sabe de qué juzgado ni cuántas personas privadas de libertad hay a disposición de los expedientes donde él trabaja. Esa falta de información nos hace un organismo opaco y poco transparente. Además, no nos permite administrar adecuadamente los recursos materiales y humanos. Lo que le planteamos a la AGESIC es un sistema que permita la creación de un falso expediente electrónico donde cada fiscal tenga la cantidad de expedientes en trámite, su individualización, el estado procesal en que se encuentra y los plazos que maneja. Allí quedarán registradas todas las intervenciones del fiscal, lo que nos permitirá tener la información necesaria para gestionar mejor los recursos y evaluar la tarea de los profesionales.
¿Cómo se traduce en beneficio para la ciudadanía todo este esfuerzo?
El hecho de que el fiscal esté en una audiencia y expida allí su dictamen permite ganar tiempo, de lo contrario pueden pasar veinte días o un mes. Después se cita a una nueva audiencia donde pueden pasar otros dos o tres meses más. Si logramos que ese paradigma se cumpla, esto se va a traducir en un mejor funcionamiento de la administración de la justicia. Más rápido, más eficaz, con mayor celeridad. Dicen que la justicia tarda pero la justicia que tarda, no es justicia. Otro beneficio será la inmediación, es decir, un fiscal que interactúe con la víctima, los testigos y el victimario, se va a formar una concepción más clara sobre cúal es la conducta que debe seguir.
Zoom in
¿Cómo está compuesta su familia?
Actualmente estoy divorciado. Tengo dos hijas de 15 y 11 años y convivo con mi novia con la que me caso a fin de año.
¿A qué dedica su tiempo de ocio?
Leo, escucho música, voy al cine y me encanta reunirme con mis amigos alrededor de un fuego. En verano disfruto de la playa.
¿Mira televisión?
No. Ocasionalmente puedo mirar alguna película pero en general me aburre.
¿Una película que haya visto recientemente y le haya gustado?
Una pistola en cada mano y Curvas de vida.
¿Qué libros hay hoy en su mesa de luz?
Siempre hay dos, una novela y uno de derecho. En éste momento están “La búsqueda del tesoro”, de Andrea Camilleri, y “Agente Encubierto y Proceso Penal Garantista: Límites y Desafíos”, de Flavio Cardoso Pereira.
¿Hace deportes?
Sí, camino seis kilómetros todos los días.
Producción: Comunicación_MEC
